Medio Impacto

"Es porque están apurados": la Armada solicitó 1.587 mudanzas por más de $2.100 millones sin contratos aprobados y proveedores aceptaron realizarlas bajo las mismas circunstancias en el 81,2% de los casos

Durante cuatro años, a través del sistema de compras del Estado (Mercado Público), la Armada envió 1.587 órdenes de compra a 12 proveedores por más de $2.100 millones, solicitando mudanzas y traslados de vehículos para sus funcionarios antes de que se aprobaran los contratos que habilitaban los servicios. Del total de prestadores, 11 aceptaron realizar lo requerido, también de forma anticipada, en el 81,2% de los casos. En total, la Armada y los proveedores habrían comprometido más de $1.700 millones en recursos públicos previo a las aprobaciones contractuales exigidas por la normativa.

Fue la primera licitación que se adjudicó con la Armada de Chile. A partir del 27 de enero de 2020, la Sociedad de Transportes Fernández y León Limitada podría prestar —a los funcionarios de la institución— el servicio de traslado de vehículos, mientras que el de mudanzas (enseres de hogar y efectos personales) comenzaría a regir el 26 de febrero de ese mismo año. Esto se podría llevar a cabo recién con la aprobación de los contratos.

Sin embargo, desde el 27 de diciembre de 2019 hasta justo antes de las aprobaciones, la Armada emitió 446 órdenes de compra (OC) a Transportes Fernández y León Limitada, por un total de $510.911.877. La empresa —cuyo representante legal en ese período era Ricardo Marcelo Fernández Barroilhet— finalmente aceptó 444 de esas órdenes. Es decir, la Armada y el proveedor acordaron que se realizarían trabajos por $509.745.015.

Si bien se intentó contactar a Transportes Fernández y León Limitada (empresa que actualmente no cuenta con acreditación vigente en Mercado Público), aquello no fue posible. Por esta razón, Medio Impacto se comunicó con TFL Transportes SpA, la cual, según registros de Mercado Público, es administrada por Paola Elizabeth Fernández Barroilhet, hermana de Ricardo. Una persona que se identificó como integrante de la familia Fernández se negó a entregar datos de contacto de quienes hubieran estado vinculados a Transportes Fernández y León Limitada, y aclaró que no habría comentarios al respecto.

Para este reportaje, se tuvo a la vista más de 28.000 OC, provenientes de Mercado Público, en todos sus estados (recepción conforme, aceptada, no aceptada, cancelada y enviada a proveedor) hasta, aproximadamente, el 22 de julio de 2025. Se revisaron casi 20 procesos licitatorios (bases, ofertas, evaluaciones, adjudicaciones, contratos y aprobación de contratos, entre otros) correspondientes a Carabineros y las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Además, desde 2014, empezó a aplicarse la figura de "recepción conforme" en Mercado Público, la cual indica que un servicio fue prestado y que procede el pago de este. Es por eso que se decidió que, desde ese año en adelante, el reportaje basaría su investigación para conocer, con certeza, la trazabilidad de cada servicio y verificar su cumplimiento documentado.

Actuando a contrarreloj

"Es porque están apurados", señaló una fuente familiarizada con la dinámica de los procesos licitatorios de la Armada, la cual solicitó reserva de identidad. Según explicó, la institución buscaba realizar las mudanzas anuales entre diciembre y marzo, sin esperar a la aprobación de los contratos. Segundos después, la misma fuente agregó: "Ya estaba adjudicado. Solo faltaba firmar el contrato". En sus palabras, aquello sería un trámite accesorio, tanto para la institución como para los proveedores.

Desde 2014, la Dirección de Abastecimiento de la Armada ha gestionado procesos para contratar servicios de mudanza y traslado de automóviles. En particular, llevó a cabo tres licitaciones públicas en 2019, 2021 y 2023 —todas de adjudicación múltiple— para cubrir esas necesidades, con disponibilidad presupuestaria superior a los mil millones en cada caso. Las bases administrativas establecían el servicio requerido: "El traslado terrestre dentro del territorio nacional del menaje de hogar, artículos personales (enseres) y automóviles particulares" de personal en servicio activo o en retiro de la institución.

Esto permitió que organismos de la Armada —como las Comandancias en Jefe de las Zonas Navales y la Dirección de Educación de la institución, entre otros— tuvieran la facultad de emitir OC a los 12 proveedores habilitados. Lo llamativo es que muchas de esas órdenes se emitieron antes de la aprobación de los contratos y, según datos de Mercado Público, alcanzaron un total de 1.587 OC por más de $2.100 millones. De ellas, 11 proveedores aceptaron 1.288 OC, equivalentes a más de $1.700 millones.

Ese volumen de recursos no se distribuyó de manera regular entre 2019 y 2023, sino que se concentró en períodos de apenas unos meses. Cada licitación comenzó a regir a principios del año siguiente a su convocatoria (por ejemplo, la de 2019 entró en vigencia en enero de 2020). Sin embargo, los registros de Mercado Público muestran que, en los tres procesos licitatorios, se emitieron OC poco después del 20 de diciembre de cada año, es decir, antes de los plazos permitidos. En consecuencia, los más de $1.700 millones comprometidos se concentraron sistemáticamente entre la segunda quincena de diciembre y el mes de enero de cada período.

Según el dictamen N° 57.244 de 2014 de la Contraloría General de la República, que interpretó el Decreto Supremo N° 250 de 2004 —reglamento entonces vigente de la Ley 19.886 de Compras Públicas—, “las órdenes de compra deben emitirse de acuerdo a un contrato vigente, esto es, una vez aprobado a través del correspondiente acto administrativo debidamente tramitado”.

Si bien en la actualidad el Decreto Supremo N° 250 fue reemplazado por el Decreto Supremo N° 661, publicado el 12 de diciembre de 2024, al momento de los hechos investigados el primero era plenamente aplicable, tal como lo confirma el artículo quinto transitorio del nuevo reglamento.

Consultado sobre la situación, Diego Bokros Apablaza, experto en compras públicas, se refirió al comportamiento de la Armada y de los proveedores, explicando sus implicancias: “Cuando el proveedor acepta, significa que la institución asume un compromiso. Por lo tanto, esas órdenes de compra tienen que pagarse”.

No solo las fechas de emisión de las OC resultan particulares, sino también los horarios. En la mayoría de los casos, el historial de Mercado Público muestra que distintos funcionarios las enviaron en días y horas diferentes. Sin embargo, hay episodios en los que un solo trabajador despachó varias OC de forma consecutiva, en cuestión de segundos o minutos.

Un ejemplo es el de Mudanzas Martínez — RODAN: el 24 de diciembre de 2021, un funcionario de la Armada envió una primera OC a las 11:06:13 de la mañana y, en apenas un 1:17 minutos, cursó otras tres adicionales al mismo proveedor. Algo similar ocurrió con Transportes Ruta Chile: el 28 de diciembre de 2023, otro funcionario emitió una OC a las 16:54:35 y, en menos de un minuto, envió tres más de forma seguida.

Además, las licitaciones realizadas por la Dirección de Abastecimiento de la Armada derivaron en la firma de 25 contratos, cada uno con su respectiva aprobación. Este número se explica porque los procesos fueron del tipo adjudicación múltiple, que permite que varios proveedores presten el mismo servicio. En total, 12 de ellos se adjudicaron las tres licitaciones e, incluso, seis obtuvieron participación en todas.

Medio Impacto contactó y envió correos al Departamento de Prensa de la Armada para consultar por qué existen OC aceptadas previo a la aprobación de los contratos de las licitaciones de 2019, 2021 y 2023. Sin embargo, el procedimiento formal fue ser derivados a un formulario de contacto, el cual se rellenó con las mismas preguntas y aún no ha sido respondido. Por otro lado, se intentó obtener la versión de los 11 proveedores que habrían aceptado OC previo a la vigencia contractual.

El abogado Gabriel Vargas Mella, al ser consultado por el comportamiento de la Armada que está registrado en Mercado Público, comentó: “La infracción relacionada con pagos inoportunos o improcedentes es una señal de alerta ante posibles delitos de corrupción, más aún si se consideran los millonarios montos en cuestión”.

Tanto para Diego Bokros Apablaza como para Gabriel Vargas Mella, los antecedentes revisados no son menores: mientras el primero advierte que la aceptación de órdenes de compra compromete pagos que probablemente ya se concretaron, el segundo plantea que este tipo de prácticas puede constituir una señal de alerta frente a eventuales irregularidades. En otras palabras, es posible advertir que la reiteración de estos comportamientos, sumada a los altos montos involucrados, tensiona los principios de transparencia y probidad que deben regir el sistema de compras públicas.

Con los que están basta

“Somos unos diez”, afirmó Paulina Andrea Azócar Escalona quien, como persona natural —y bajo el nombre de fantasía “Transportes Paulina Azócar”— ha participado en el sistema de compras públicas del Estado desde noviembre de 2007. Cuando se refiere a “los diez”, habla de un círculo de proveedores que prestaría servicios no solo a la Armada, sino también a Carabineros y las FF.AA. e, incluso, a servicios de salud.

Al ser consultada sobre en qué se asimilan estos organismos, indicó que el Estado financia el traslado de los médicos que tienen especialidades a lo largo del país. Y respecto de Carabineros y las FF.AA., también hay traslados. En definitiva, el servicio (mudanzas) sería el mismo para todos, área en la cual ya está especializada.

Paulina señaló que siempre es el mismo grupo el que participa en las licitaciones de Carabineros y las Fuerzas Armadas. A su juicio, esto ocurre por la competencia de precios. Para verificar qué tan determinante resultó ese factor, Medio Impacto revisó al azar las bases de algunos procesos licitatorios: en Carabineros (2017) la oferta económica representó un 37% del puntaje total; en la Armada (2019), un 15%; en la Fuerza Aérea (2021), un 70%; y en el Ejército (2022), un 45%, expresado en descuentos sobre el precio neto de las tarifas.

Si bien solo en la Fuerza Aérea el factor económico superó el 50% de la ponderación, de todas maneras hay críticas a las licitaciones, las cuales se manifiestan en el apartado “Preguntas licitación” (en formato anónimo), de cada ficha. Aquí algunos ejemplos:

1. Ejército de Chile (2023)

• Pregunta: “Mínimo 4 camiones. Cero posibilidad para los micro o dueños de 1 camión, faltando al espíritu de la libre competencia e igualdad de oportunidades”.

2. Dirección de Abastecimiento de la Armada (2021)

• Pregunta: “Licitación a dedo para grandes empresas. Micro, pequeñas empresas, cero posibilidades”.

3. Dirección de Logística de Carabineros de Chile (2017)

• Pregunta: “La boleta de Garantía por Seriedad de la Oferta, correspondiente a este proceso, es de $90.000.000 en caso de participar en los tres ítems, o de $30.000.000 en caso de decidir participar en solo una. Me parece discriminatorio y muy mal calculado el valor, considerando que no existe mayor riesgo para la entidad, pero sí un gasto desproporcionado para el oferente que quiera participar”.
• Pregunta: “La tabla del cálculo por el Fiel Cumplimiento del Contrato aumentó drásticamente. Estos valores perjudican enormemente a las empresas que aún tienen boletas emitidas en la licitación anterior, e impide que pymes puedan participar del proceso de licitación”.

4. Fuerza Aérea de Chile Comando Logístico (2016)

• Pregunta: “No indican viajes mínimos a realizar durante un año y más encima será un adjudicación múltiple de proveedores (...) ¿Cómo se cuantificará el monto asignado a cada proveedor? ¿No será una garantía muy elevada para algo sin certeza de adquisición?”.

Teniendo ya bajo análisis a una de las ramas de las FF.AA. (Armada), se decidió revisar, por su parte, a Carabineros y las tres licitaciones que realizó en el mismo período (2014, 2017 y 2021), con disponibilidad presupuestaria superior a mil millones cada una, al igual que las de la Armada.

Tras hacer lo anterior, se constató que Carabineros no cuenta, en ninguno de los tres procesos licitatorios, con las debidas aprobaciones de los contratos, e incluso en un caso ni siquiera están disponibles los contratos. La ausencia en Mercado Público de los documentos señalados contraviene el artículo 2 bis de la ley 19.886, el cual dice que la contratación pública “se rige por los principios de libre acceso a las licitaciones, de competencia, de publicidad y transparencia de los procedimientos, de igualdad de trato y no discriminación, de probidad, y de valor por dinero”.

Por lo mismo, Medio Impacto solicitó vía Ley de Transparencia a Carabineros todos los antecedentes contractuales sobre servicios de mudanza y flete, definidos en las bases como traslado de menaje de casa y efectos personales. En la práctica, esos mismos contratos también han contemplado el transporte de vehículos, por lo que forman parte de los servicios analizados en este reportaje. La respuesta de Carabineros fue redirigir a Mercado Público para buscar por cuenta propia lo pedido, siendo que, precisamente, el sitio web no proporciona esta información.

Entre familias

“Si bien nos desarrollamos en el mismo rubro, no existen vínculos comerciales, operacionales o financieros entre estas”, indicó Cristian González Soto, dueño de Transportes CG, a través de un comunicado oficial enviado a este medio.

González Soto se refiere a su relación con Transportes Ruta Chile, con la cual reconoce que hay vínculos familiares. Esta última, según consta en Mercado Público, es administrada por Alexis Gonzalo Godoy González, quien es sobrino de Cristian González Soto.

Tras revisar licitaciones de Carabineros y FF.AA. de 2014 en adelante, este medio de comunicación detectó que, al menos en un caso, Cristian González Soto firmó, como representante legal tanto de Transportes Ruta Chile como de Transportes CG, para prestar servicios de mudanza y traslado de vehículos en una licitación de la Armada de 2019.

En Mercado Público, específicamente en la ficha del proveedor, ambas empresas ingresaron una declaración jurada que dice lo siguiente: “Esta empresa proveedora ha declarado que no posee vínculos de actuación económica y financiera con otras empresas”. Al respecto, Transportes Ruta Chile fue contactada, pero no dio declaraciones.

Otra situación es la de las hermanas Paulina y Violeta Azócar Escalona, quienes postularon a una licitación por embalaje, mudanza y traslado de vehículos publicada por la Dirección de Logística de Carabineros el 2 de julio de 2025. Paulina Azócar postuló como persona natural (nombre de fantasía “Transportes Paulina Azócar”) y su hermana a través de Transportes Santini SpA donde, según Mercado Público, es administradora y tiene el 50% de las acciones.

El artículo 60 del Decreto 661, el cual fue publicado el 12 de diciembre de 2024, indica que “se declarará inadmisible una o más ofertas cuando se presentaren en un procedimiento de contratación, ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, según dispone el artículo 9 de la Ley de Compras”.

Tras revisar Mercado Público, se constató que Paulina, Violeta y Daniel Rivera (exmarido de Paulina) son socios y accionistas de la empresa Transportes Azócar Limitada. Allí se señala que hay una empresa relacionada, la de Paulina Andrea Azócar Escalona, aunque esta, por su parte, no tiene en su ficha de proveedor la misma declaración. Y, respecto de Transportes Santini SpA, no hay mención.

Medio Impacto consultó a Paulina Andrea Azócar Escalona sobre este hecho. Su respuesta fue que, dado que ella presta servicios como persona natural, no habría conflicto de interés y no aplicaría la figura legal. Sin embargo, el artículo 9 de la Ley de Compras Públicas establece expresamente que la prohibición alcanza a oferentes “cualquiera sea su naturaleza jurídica” y que se consideran relacionados, entre otros casos, los parientes hasta segundo grado de consanguinidad, como ocurre con las dos hermanas. Pese a ello, en la licitación de Carabineros ambas ofertas fueron admitidas en primera instancia, lo que contradice lo dispuesto en la normativa vigente y deja en evidencia que el órgano contratante no aplicó el filtro legal que buscaba precisamente evitar situaciones de este tipo.

Además, es importante recalcar otros asuntos en los que, según Mercado Público, Paulina Andrea Azócar Escalona estaría involucrada. Se revisaron 11 licitaciones entre 100 y 1.000 UTM publicadas por Carabineros en 2020, 2021 y 2024 para mudanzas entre Chile - Isla de Pascua y viceversa. La proveedora compitió siempre junto con Franco Marcelo Carbacho de la Parra (nombre de fantasía “FC Cargo”), a quien conoce en persona desde 2009 y con Geo Logística.

De las 11, Paulina Azócar ganó todas las licitaciones revisadas, tanto por vía aérea como marítima, aún cuando los detalles de las propuestas técnicas no se encuentran rellenados. En color rojo solo se leen las instrucciones: “Incluir toda la información que la empresa considere pertinente para describir y detallar el servicio a entregar”.

Lo que Medio Impacto expuso en este reportaje es solo una muestra de las irregularidades que se encontraron en Mercado Público: falta de documentación y grupo cerrado de proveedores, entre otros.

El análisis de los casos relacionados con la Armada y Carabineros, dan prueba de que no se está ante meros errores puntuales, sino que ante prácticas sistemáticas y patrones que se han repetido durante, al menos, una década. No se presentan mayores problemas respecto de las bases administrativas —donde toma razón Contraloría General—, sino posteriormente, a la hora en que los organismos mencionados se vinculan con los proveedores.

_Nota de corrección (21 de agosto de 2025):_ En una versión anterior, se señaló que Alexis Gonzalo Godoy González era hijo de Cristian González Soto. El vínculo familiar correcto es sobrino y tío, respectivamente. Esto ya fue corregido en el reportaje.